viernes, 13 de julio de 2012

Del discurso democrático a la acción ilegal


Han pasado ya casi dos semanas de la jornada electoral  en la que millones de mexicanos participamos para elegir a quien habrá de gobernar nuestro país los próximos seis años. De acuerdo al recuento realizado, a partir de la solicitud hecha por Andrés Manuel López Obrador y por diversos movimientos ciudadanos, Peña Nieto resultó vencedor con el 38.21% de los votos, mientras que AMLO obtuvo 31.56%. Pregunto: ¿Es democrático el resultado?
La respuesta anterior puede tener un sí o un no. Si la democracia se entiende exclusivamente como un sistema  por medio del cual los ciudadanos ejercen el voto para elegir a un gobernante entonces el resultado SÍ es democrático porque la mayoría de los ciudadanos votó por Enrique Peña Nieto (la mayoría respecto a AMLO, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri). Por el otro lado, si la democracia se entiende como un sistema en el cual los ciudadanos además de votar participan continuamente en el devenir político de su país, fomentando una actitud crítica ante la autoridad, la cuestionan y le exigen, entonces el resultado NO es democrático.
En este sentido, el IFE agradece  a los ciudadanos su participación y señala que   estas han sido las elecciones más limpias e imparciales que se han organizado. Leonardo Valdés Zurita, Presidente de esta  Institución, cataloga a este proceso electoral como el más equitativo y democrático de la historia. Pero afuera, en las calles, hay millones de mexicanos, en particular jóvenes, inconformes no sólo por el resultado de las elecciones, sino por la manera en la que se llevó a cabo todo el proceso electoral.
En mi humilde opinión si las elecciones realmente hubiesen sido limpias, transparentes e imparciales no habría en la red una serie de evidencias que claramente revelan el caos y la incertidumbre en la que se llevó a cabo este proceso electoral; se habrían tenido medios imparciales que le permitiera al ciudadano tener un criterio dado a partir de la pluralidad, y no de la manipulación informativa, ni de la encuestitis, además que  los recursos gubernamentales no se destinarían para favorecer a partidos políticos o candidatos.   Si me pidieran que describiera, en una palabra, las elecciones presidenciales, mi respuesta sería ILEGALIDAD. 
Y la ilegalidad no va de la mano con la democracia. Al contrario, la ilegalidad es un obstáculo para la democracia. Por lo tanto, si no hay legalidad pues tampoco hay democracia. En México, el IFE es el organismo encargado de organizar los comicios electorales. Para este,  la legalidad “implica que en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el Instituto Federal Electoral, se debe observar, escrupulosamente, el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamentan”
Pregunto: ¿Pasarse el tope de campaña, independientemente del partido político que lo haga, es legal?; ¿Que las dependencias gubernamentales operen para favorecer a ciertos partidos políticos o candidatos, es legal? ¿Nuestra Constitución lo avala? La respuesta es evidente, y es NO. Por lo que reitero, estas elecciones NO fueron democráticas.
Así que, por un lado, el IFE avala estas elecciones pero por el otro hay evidencias de delitos electorales. ¿Entonces, el IFE avala los delitos electorales o es una realidad que no quiere reconocer? ¿Cómo se resuelve la incógnita? (Que siendo sinceros, no hay mucho que pensarle). Indudablemente el recuento de votos ayudó a darle transparencia al proceso, reforzando incluso los resultados que previamente había arrojado el PREP. No obstante, la experiencia de esta elección dejó en claro que no basta con solicitar un recuento para darle legalidad a un proceso electoral. Es necesario  hacer una revisión profunda a la legislación, quedan temas pendientes por regular como el manejo de los medios de comunicación, las empresas encuestadoras y pensar en anular la participación de algún partido político o candidato cuando se incurra en un delito electoral.
Es claro que, mientras el IFE no actúe en el marco de la legalidad y no haga valer la legislación correspondiente difícilmente podremos ser testigos de comicios democráticos, imparciales y transparentes. Hablar de democracia es fácil, presumir que la hay lo es aún más pero cuando la ilegalidad rebasa el discurso, evidentemente alguien no está haciendo su trabajo. La pregunta es: ¿Quién o quiénes?